El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat propusieron ayer por escrito al Gobierno hacer tabula rasa y «empezar de nuevo» en la creación del Consorcio Valencia 2009 que tienen en la presidencia rotatoria defendida por el Ejecutivo su «principal escollo». En una carta remitida por la mañana a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega , a quien la alcaldesa, Rita Barberá, pidió el viernes que intercediera para desbloquear la negociación, la regidora y el vicepresidente económico, Gerardo Camps, exponen que son « partidarios del dialogo personal y abierto, no a través de cartas y máquinas». «Creemos que ha llegado el momento de volver a hablar, desde el principio y con el orden normal de las cosas, sin nuevas sorpresas, es decir, primero acordar, luego aprobar, constituir y posteriormente gestionar». «Deseamos que nuestra propuesta sea bien acogida y en breve podamos vernos con nuestros interlocutores », apuntan.

La alternativa de la vicepresidenta no satisface a las administraciones valencianas ya que pasa por aprobar los estatutos del nuevo consorcio que incluyen la presidencia rotatoria que rechaza Barberá. La alcaldesa hizo pública la carta a De la Vega en una rueda de prensa en la que informó de ayuntamiento y la Generalitat han aprobado el pago del primer plazo de 4,2 y 8,4 millones de euros del canon a America's Cup Management (ACM) y el IVA correspondiente a través de la sociedad Valencia Estrategia Promoción e Imagen (VEPI), participada por ambas administraciones. Con esta fórmula podrán desgravarse el IVA del canon de 105 millones derivado del pago por separado ante la falta de acuerdo para constituir el nuevo consorcio. La alcaldesa explicó que el pago a través de VEPI «no supone una cesión de derechos y obligaciones» sino una «encomienda de gestión» a través de la cual se efectúa un «pago a terceros».

Mientras Consell y ayuntamiento han recurrido a la ingenieria financiera para no pagar el IVA, el Gobierno pagará su parte del canon a través del nuevo consorcio porque «fue lo acordado en el contrato suscrito con ACM». Fuentes gubernamentales comentaron que la fórmula de pago a través de una sociedad es «poco clara y poco seria de cara a los ciudadanos a los que las administraciones piden que hagan frente a sus obligaciones fiscales». La vicepresidenta no se pronunció ayer sobre la propuesta de Barberá de negociar desde cero.

La edil socialista, Ana Botella, advirtió ayer de que esta fórmula, que el interventor y del secretario del ayuntamiento consideran «posible», podría incurrir en ilegalidad. Por un lado, Valencia Estrategia y Promoción no es una sociedad pública al cien por cien y, por otro, no se ha informado de la encomienda de gestión en una publicaciones oficial, lo que vulneraría la ley de Procedimiento Administrativo, según Botella, quien reclamará los informes jurídicos. (fuente LEVANTE-EMV)

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