El pulso entre la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y su aliado el Consell con el Gobierno a cuenta del control de la Copa del América y la presidencia del Consorcio Valencia 2009 continúa. Ayer, el vicepresidente económico, Gerardo Camps, y Barberá dieron una nueva vuelta de tuerca y remitieron una carta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidiéndole que interceda para desbloquear la situación y evitar el sobrecoste de 16,7 millones de euros de la Copa. Esta es la cantidad en concepto de IVA que tendrán que desembolsar las tres administraciones si no llegan a un acuerdo para crear el nuevo consorcio antes del 19 de septiembre y tienen que pagar por separado el primer plazo del canon de 105 millones a America's Cup Manegement (ACM).
Barberá justificó esta maniobra porque su obligación «es administrar bien los recursos públicos». Dijo que haría «lo imposible para no cargar más los bolsillos de los españoles» y que estaba dispuesta a agotar todas las posibilidades para no pagar el sobrecoste. Por este motivo, había solicitado la mediación de De la Vega. La alcaldesa apeló a la «fluida relación» que mantiene con la vicepresidenta -que es valenciana- y ya intervino en su día para acercar posiciones entre el ministro Sevilla (ex vicepresidente del Consorcio) y la alcaldesa.
Barberá dice que desconfía de la ministra Elena Salgado porque cuando firmaron el preacuerdo con ACM en julio le ocultó su intención de cambiar los estatutos e introducir la presidencia rotatoria. Salgado se mantiene firme en ocupar un tercio de la presidencia. De este modo el Gobierno pretende compensar su falta de protagonismo en la anterior edición pese a haber sido la Administración que mayor aportación económica ha hecho al evento.
En su misiva, la alcaldesa y Gerardo Camps le piden a la vicepresidenta que les reciba «con la mayor celeridad posible» a fin de exponerle su propuesta de «habilitar transitoriamente» el Consorcio Valencia 2007 para efectuar los pagos a ACM entretanto se negocia el Consorcio de 2009. Solución que las administraciones valencianas consideran la más fácil y rápida. «Sólo tendríamos que reunirnos cinco minutos», recalcó ayer la alcaldesa. Barberá dijo que no estaba enrocada en su oferta de prolongar la vigencia del anterior consorcio que ella preside, si bien manifestó que no encuentran otra fórmula jurídica que permita desbloquear la situación.
La ministra Salgado, que ha lamentado los «ataques personales» de la regidora, no respondió ayer al envite. Sí lo hizo De la Vega en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. A preguntas de los periodistas sobre el inicio de las reuniones del consorcio, la vicepresidenta declaró que «no hay ningún problema» en que el Consorcio Valencia 2009 se reúna «de forma inmediata» para hacer frente a los pagos «más importantes» derivados del contrato con ACM. De la Vega reiteraba así la propuesta del Ejecutivo de convocar el consejo rector del consorcio Valencia 2009 para ratificar los nuevos estatutos -que incluyen la presidencia rotaria- y efectuar los pagos a ACM. Antes, es necesario que el Consell y el ayuntamiento ratifiquen los estatutos que el Gobierno aprobó en el consejo de ministros del 7 de septiembre. El Gobierno aduce que el Consorcio de 2007 no tiene vigencia para asumir los nuevos compromisos con ACM.
Gerardo Camps, por su parte, explicó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que los 16,7 millones de sobrecoste que deberán asumir las tres administraciones representan «un pago más» que habrá que afrontar «con los distintos presupuestos públicos». Apuntó, no obstante, que la Administración General del Estado recibirá ese IVA, de forma que «lo que lo que paga con una mano lo está recibiendo con la otra». Camps hizo ayer un «llamamiento a la razón y a la cordura política del Gobierno». (fuente LEVANTE-EMV)
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